Programa de Privatización: crear valor mediante la colaboración público-privada

El Programa de Privatización de Arabia Saudí

El Programa de Privatización de Arabia Saudí es el instrumento de la Visión 2030 para trasladar a la gestión privada activos públicos y servicios estatales seleccionados mediante ventas de activos, concesiones, contratos de gestión y colaboraciones público-privadas. Administrado por el Centro Nacional de Privatización y Colaboración Público-Privada (NCP), el programa aporta la arquitectura institucional a través de la cual los activos de titularidad estatal y los servicios prestados por la Administración se transfieren, total o parcialmente, a operadores e inversores privados.

La lógica estratégica es sencilla. El sector público saudí ha dominado históricamente la economía: emplea a la mayoría de los nacionales saudíes y presta servicios que van desde la sanidad y la educación hasta la desalinización de agua y la gestión de residuos urbanos. Este modelo, aunque eficaz para repartir la riqueza petrolera durante décadas de precios altos de las materias primas, generó ineficiencias estructurales: plantillas sobredimensionadas, infrainversión en la calidad del servicio y un sector privado que siguió dependiendo de los contratos públicos en lugar de competir en mercados abiertos.

El Programa de Privatización busca invertir esta dinámica introduciendo disciplina de mercado, atrayendo capital privado, mejorando la prestación de servicios y generando un ahorro fiscal que pueda reorientarse hacia prioridades estratégicas. La prioridad más amplia del sector privado examina el contexto estructural. La reforma regulatoria sustenta cada operación.

Marco institucional

El NCP actúa como órgano coordinador central de las operaciones de privatización en el conjunto de la Administración saudí. Creado por decreto real, opera con un mandato que abarca todo el ciclo de vida de la privatización: identificación de sectores, evaluación de la viabilidad, estructuración de las operaciones, alineación regulatoria y supervisión posterior al traspaso.

El fundamento jurídico se reforzó de forma sustancial con la promulgación de la Ley de Privatización (Real Decreto M/124), que estableció la base legal para las transferencias de activos, los acuerdos de concesión y las colaboraciones público-privadas. La ley aborda elementos críticos como las protecciones de los empleados durante los traspasos, las metodologías de valoración de activos, los requisitos de licitación competitiva y los mecanismos de resolución de controversias.

Marco de colaboración público-privada

El NCP ha desarrollado un marco integral de colaboración público-privada (CPP) que clasifica las posibles operaciones a lo largo de un abanico que va desde la privatización total (venta del activo) hasta los contratos de servicios, los contratos de gestión, las concesiones y las fórmulas de construcción-operación-transferencia (BOT). Esta flexibilidad resulta esencial dada la diversidad de sectores y los distintos grados de complejidad política y operativa que entrañan.

Sectores prioritarios

Sanidad

El sector sanitario representa una de las oportunidades de privatización más relevantes. El Ministerio de Sanidad (MOH) ha iniciado la corporatización de los hospitales públicos, convirtiéndolos en entidades semiautónomas que operan según principios comerciales pero siguen siendo de titularidad pública. Determinados centros se han licitado para su gestión privada, y la trayectoria a largo plazo contempla un sistema en el que la Administración compre servicios sanitarios a proveedores públicos y privados en competencia.

Educación

La privatización de la educación en Arabia Saudí ha avanzado mediante la expansión de la matrícula en centros privados, la introducción de modelos de CPP para la construcción y gestión de colegios, y la corporatización de los institutos de formación profesional. La Corporación de Formación Técnica y Profesional (TVTC) ha incorporado operadores privados para gestionar centros de formación, y varias universidades han introducido mecanismos de recuperación de costes.

Agua y saneamiento

El sector del agua ha sido pionero en la privatización. La Autoridad Saudí del Agua (SWA) ha reestructurado el sector, separando las funciones de producción, transporte y distribución de agua. Las grandes plantas desalinizadoras operan bajo modelos BOT y de productor independiente de agua (IWP), lo que atrae a inversores internacionales en infraestructuras. Las instalaciones de desalinización de Ras Al-Khair y Jubail figuran entre las mayores del mundo y demuestran la viabilidad de la participación privada en infraestructuras críticas.

Transporte

La privatización del transporte abarca aeropuertos, puertos, ferrocarril y transporte público. La Autoridad General de Aviación Civil (GACA) ha transferido la explotación de aeropuertos a concesionarios privados: el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de Yeda operan bajo contratos de gestión. La Organización de Ferrocarriles de Arabia Saudí (SAR) ha explorado la participación privada en las operaciones de carga, y la estrategia logística del país prevé una inversión privada significativa en instalaciones intermodales.

Energía

Aunque la salida parcial a bolsa de Saudi Aramco en 2019 fue el episodio de privatización más destacado, la agenda de privatización del sector energético se extiende a la contratación de energías renovables (a través del Programa Nacional de Energías Renovables), la distribución eléctrica y la petroquímica de transformación. La Compañía Saudí de Electricidad (SEC) ha sido objeto de una separación estructural de actividades para facilitar la competencia y la entrada del capital privado.

Cartera de operaciones y avances

Desde su creación, el Programa de Privatización ha impulsado una amplia cartera de operaciones en los sectores prioritarios. El NCP informa de que decenas de proyectos de privatización han sido aprobados, están en estudio o se encuentran en fases activas de tramitación.

Impacto fiscal y económico

Las dimensiones fiscales de la privatización son múltiples. Los ingresos directos por ventas de activos y cánones de concesión aportan recaudación inmediata, mientras que la eliminación de subvenciones a la explotación y el traspaso de las obligaciones de inversión a los operadores privados generan un ahorro fiscal a largo plazo. El NCP estima que la ejecución exitosa de la cartera de privatizaciones podría reportar cientos de miles de millones de riyales en beneficios fiscales directos e indirectos combinados a lo largo de la vida del programa.

Más allá de la mecánica fiscal, la privatización pretende catalizar una transformación económica más amplia. Se espera que los operadores privados inviertan en tecnología, mejoren la calidad del servicio, creen empleo en el sector privado e introduzcan prácticas de gestión que eleven la productividad de toda la economía. El programa persigue explícitamente aumentar la contribución del sector privado al PIB, un KPI central de la Visión 2030.

Entorno regulatorio

Una privatización eficaz exige un entorno regulatorio sólido que proteja a los consumidores, garantice una competencia leal y ofrezca certidumbre a los inversores. Arabia Saudí ha avanzado de forma considerable en este frente. Se han creado o reforzado reguladores sectoriales: la Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología (CST) para las telecomunicaciones, la Autoridad Reguladora del Sector del Agua para el agua y la Autoridad Reguladora de Electricidad y Cogeneración (ECRA) para la energía.

El NCP trabaja en estrecha colaboración con el Centro Nacional de Competitividad (NCC) para garantizar que los marcos regulatorios sean coherentes con las mejores prácticas internacionales y que los sectores privatizados no se limiten a sustituir los monopolios públicos por monopolios privados. Los acuerdos de concesión incorporan disposiciones antimonopolio, mecanismos de fijación de tarifas y estándares de calidad del servicio.

Implicaciones para la mano de obra

Las dimensiones sociales de la privatización son políticamente sensibles. El empleo público ha ofrecido tradicionalmente a los nacionales saudíes seguridad laboral, prestaciones generosas y estatus social. Trasladar servicios a operadores privados suscita inquietudes legítimas sobre pérdidas de empleo, compresión salarial y erosión de las protecciones laborales.

La Ley de Privatización responde a estas preocupaciones mediante disposiciones obligatorias de traspaso de empleados, marcos de indemnización y programas de recualificación. El NCP ha elaborado directrices que obligan a los operadores privados a mantener los niveles de empleo saudí y a cumplir los requisitos de saudización. Aun así, gestionar la transición de la plantilla sigue siendo uno de los mayores retos de aplicación del programa.

Referentes internacionales

El programa de privatización saudí se inspira en precedentes internacionales, entre ellos la ola privatizadora británica de los años ochenta y noventa, el modelo de corporatización de Singapur y la experiencia del CCG con las CPP en infraestructuras. Sin embargo, la escala y el ritmo del programa saudí —que abarca prácticamente todos los sectores de la prestación de servicios públicos— carecen de un paralelo cercano. El NCP ha contratado a firmas de asesoramiento internacionales e instituciones de financiación del desarrollo para asegurar que las estructuras de las operaciones reflejen las mejores prácticas mundiales.

Riesgos principales

Entre los riesgos de calado figuran la complejidad de ejecución (gestionar simultáneamente varias operaciones de gran envergadura), el riesgo político (la resistencia ciudadana a la comercialización de servicios esenciales), el riesgo regulatorio (garantizar que los sectores recién privatizados se gobiernen con eficacia) y el riesgo de mercado (mantener la confianza de los inversores en periodos de incertidumbre económica global). El éxito del programa depende, en última instancia, de la disposición del Estado a aceptar una verdadera autonomía del sector privado y no a limitarse a reetiquetar monopolios públicos.

Perspectivas

El Programa de Privatización entra en su fase de madurez con una trayectoria sustancial y una cartera de operaciones profunda. Se prevé que la próxima oleada de privatizaciones se centre en sectores de mayor complejidad —sanidad y educación—, donde los riesgos sociales y políticos son mayores. Su integración con la Estrategia Nacional de Inversión, el Programa Shareek y los planes sectoriales de transformación sugiere que la privatización seguirá siendo un mecanismo central para perseguir los objetivos de diversificación económica de la Visión 2030. La variable crítica no es si la privatización continuará, sino si el ritmo y la profundidad de la reforma bastarán para cumplir las ambiciosas metas del país para 2030.