El Programa de Privatización de Arabia Saudí es el canal de reforma de la Visión 2030 para trasladar determinados activos y servicios públicos a la propiedad privada, la gestión privada o los contratos de colaboración público-privada. Su objetivo es mejorar la prestación de los servicios, reducir la presión fiscal sobre el Estado y ampliar la participación del sector privado.
El programa lo coordina el Centro Nacional de Privatización y APP (NCP), que depende del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo (CEDA) y actúa como puerta de entrada institucional de las operaciones de privatización y de colaboración público-privada en el Reino.
Fundamento estratégico
El Gobierno de Arabia Saudí mantuvo históricamente la propiedad directa y el control operativo de una vasta cartera de activos que abarcaba la sanidad, la educación, el agua, la electricidad, el transporte, los servicios postales, el almacenamiento de grano y la infraestructura municipal. Este modelo, financiado con los ingresos del petróleo, logró una amplia cobertura de servicios, pero generó ineficiencias en la gestión de costes, la calidad del servicio y la asignación de capital. A medida que la Visión 2030 reorientó las finanzas públicas hacia la sostenibilidad y el Estado redirigió el capital hacia nuevos sectores económicos, la privatización surgió como un mecanismo para liberar valor de los activos existentes al tiempo que atraía inversión y experiencia de gestión privadas.
El programa de privatización identifica más de 160 activos y servicios públicos para su posible transferencia, con un valor estimado en cientos de miles de millones de riyales. El programa distingue entre la venta íntegra de activos, la desinversión parcial mediante salidas a bolsa, los contratos de gestión y las concesiones de APP bajo esquemas de construcción-operación-transferencia (build-operate-transfer) o similares.
Prioridades sectoriales
La sanidad ha sido uno de los sectores más avanzados en la cartera de privatizaciones. La transformación de los hospitales públicos en clústeres semiautónomos, gestionados por sociedades holding específicas con prácticas de gobernanza propias del sector privado, constituye un paso intermedio hacia una eventual participación privada. El modelo de APP se ha aplicado a instalaciones concretas, servicios de laboratorio y centros de atención primaria, con la contratación de operadores hospitalarios y proveedores de servicios internacionales para mejorar los resultados clínicos y la eficiencia operativa.
En la educación, la actividad privatizadora se ha concentrado en la primera infancia y la formación profesional, donde se han concedido licencias a proveedores privados y, en algunos casos, subvenciones públicas para ampliar la capacidad y mejorar la calidad. El Instituto de Capital Humano Rey Salmán (King Salman Workforce Institute) y los consejos sectoriales de competencias coordinan programas de formación liderados por los empleadores e impartidos a través de proveedores privados.
La privatización del transporte ha avanzado mediante la conversión en sociedad mercantil de Saudi Railways y la concesión de licencias a operadores privados de autobuses en Riad, Yeda y La Meca. La gestión aeroportuaria se ha privatizado parcialmente, con la contratación de operadores internacionales para gestionar las operaciones de las terminales en los principales aeropuertos. El sistema portuario del Reino opera desde hace tiempo mediante concesiones privadas de terminales, un modelo que ahora se está ampliando y profundizando.
El agua y la electricidad se han reestructurado mediante la creación de sociedades holding y la licitación de proyectos independientes de energía y agua, tal como se expone en el contexto de la desalación. Tanto la National Water Company como la Saudi Electricity Company han acometido reformas de gobernanza como preparación para una mayor participación privada.
Gobernanza institucional
El NCP aporta el marco regulatorio, la capacidad de asesoramiento en las operaciones y el control de calidad de todas las transacciones de privatización y de APP. Su Plan de Ejecución del Programa de Privatización identifica los sectores prioritarios, establece los calendarios y se coordina con los ministerios sectoriales para preparar los activos de cara a su transferencia. Se recurre de forma habitual a firmas de asesoramiento internacionales para estructurar las operaciones, realizar valoraciones y garantizar el cumplimiento de los estándares de buenas prácticas.
Una ley específica de privatización y APP, promulgada para dotar de seguridad jurídica a los inversores privados, fija los derechos y obligaciones de las partes contratantes, los mecanismos de resolución de controversias y las protecciones frente a la rescisión arbitraria. Este marco jurídico se ha señalado como un habilitador crítico de la participación internacional en las operaciones de privatización saudíes.
Avances y desafíos
Las privatizaciones efectivamente completadas han avanzado más despacio de lo que sugerían las ambiciones iniciales. La complejidad de transferir a la gestión privada grandes organizaciones heredadas del sector público es considerable, pues exige planes de transición de la plantilla, una reforma tarifaria que garantice la viabilidad comercial, la creación de organismos reguladores que supervisen los sectores recién privatizados y una gestión política de las expectativas de la ciudadanía respecto a la calidad y el precio de los servicios.
La privatización de la sanidad ha afrontado dificultades particulares en la transición de la plantilla, dado que muchos empleados hospitalarios son trabajadores del sector público con condiciones laborales muy asentadas. La privatización de la educación ha suscitado interrogantes sobre la equidad en el acceso. La privatización del transporte ha requerido una inversión simultánea en infraestructura que el sector privado no está dispuesto a financiar sin garantías de ingresos.
Pese a estos desafíos, la orientación de la política está firmemente establecida. La cartera de operaciones de APP sigue creciendo, y el aprendizaje institucional acumulado en las primeras transacciones se está aplicando a las licitaciones posteriores. El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, unido a las mejoras de calidad demostrables logradas en los primeros servicios privatizados, aporta el mandato político para proseguir la ejecución del programa.