El marco anticorrupción de Arabia Saudí se articula en torno a Nazaha, la Autoridad de Supervisión y Lucha contra la Corrupción, y a una arquitectura de gobernanza más amplia que abarca la legislación sobre soborno, la contratación pública, la declaración de bienes y el cumplimiento normativo por parte de los inversores. En el marco de la Visión 2030, este entramado se plantea como requisito previo para un gobierno transparente, la inversión extranjera y una administración pública moderna.
Nazaha: la Autoridad de Supervisión y Lucha contra la Corrupción
Nazaha fue creada por orden real en 2011, al integrar las funciones de la antigua Comisión Nacional Anticorrupción e incorporar potestades ampliadas de investigación y sanción. La autoridad rinde cuentas directamente ante el Rey y opera con independencia de los ministerios y organismos que supervisa. Su mandato abarca la corrupción financiera y administrativa en el sector público, incluidos la malversación, el soborno, el abuso de poder, el uso indebido de fondos públicos y los conflictos de interés. La autoridad cuenta con oficinas regionales en todo el Reino y emplea a investigadores, auditores y juristas especializados.
Marco legal
La infraestructura legal anticorrupción de Arabia Saudí se compone de varias normas fundamentales. La Ley contra el Soborno tipifica como delito ofrecer, entregar, recibir o solicitar sobornos por parte de cargos públicos, con penas que incluyen la prisión y multas cuantiosas. La Ley de Lucha contra el Fraude Financiero y el Abuso de Confianza aborda la malversación, la falsificación y la apropiación indebida de fondos. La Ley de la Función Pública y la Ley de Contratación Pública contienen disposiciones concebidas para prevenir los conflictos de interés y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes. Arabia Saudí es, además, signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y coopera con organismos internacionales anticorrupción, entre ellos el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.
Aplicación y actuaciones destacadas
Nazaha ha emprendido actuaciones sancionadoras de gran repercusión que evidencian el compromiso del Reino con la lucha contra la corrupción a todos los niveles. La campaña anticorrupción de 2017, que supuso la retención temporal de más de 200 destacados empresarios y altos cargos en el hotel Ritz-Carlton de Riad, se saldó con acuerdos superiores a 400.000 millones de riyales saudíes (SAR) y lanzó una señal contundente sobre la seriedad del empeño anticorrupción del Gobierno. Desde entonces, Nazaha ha seguido investigando y persiguiendo casos en ministerios, municipios y empresas públicas, y publica con regularidad los detalles de las condenas y sanciones para reforzar la transparencia y la disuasión.
Protección de los denunciantes
Arabia Saudí ha establecido mecanismos para proteger a quienes denuncian la corrupción. Nazaha gestiona canales de denuncia confidenciales, entre ellos un portal electrónico y una línea telefónica de atención, que permiten a ciudadanos y residentes informar de forma anónima de sospechas de corrupción. La autoridad tiene el mandato de proteger la identidad de los denunciantes y de actuar contra cualquier represalia dirigida a quienes informan de buena fe. Estas protecciones son esenciales para generar confianza pública en el sistema anticorrupción y fomentar el flujo de información desde el interior de los organismos y las instituciones públicas.
Declaración de bienes y conflictos de interés
Los altos cargos públicos de Arabia Saudí están obligados a presentar declaraciones financieras en las que detallan sus bienes, ingresos e intereses empresariales. Nazaha es responsable de examinar estas declaraciones e investigar cualquier discrepancia o conflicto de interés no revelado. El régimen de declaración de bienes se ha reforzado en los últimos años como parte de la más amplia agenda de reforma de la gobernanza, con un mayor escrutinio de los cargos implicados en la contratación, la concesión de licencias y la toma de decisiones regulatorias. Estas medidas se alinean con las mejores prácticas internacionales y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Papel en la Visión 2030
La lucha anticorrupción se identifica de forma explícita como una prioridad de gobernanza dentro de la Visión 2030 y del Programa de Transformación Nacional. La agenda de reformas reconoce que la percepción de corrupción disuade la inversión extranjera directa, encarece la actividad empresarial y socava la confianza pública en las instituciones del Estado. Al reforzar la independencia y la capacidad de Nazaha, implantar plataformas de administración electrónica que reducen las oportunidades de intermediación corrupta y aumentar la transparencia en la contratación pública y la gestión fiscal, Arabia Saudí aspira a mejorar su posición en los índices internacionales de percepción de la corrupción y a crear un entorno empresarial que cumpla los estándares mundiales de gobernanza.
Cooperación internacional
Nazaha mantiene acuerdos de cooperación bilateral y multilateral con autoridades anticorrupción de otras jurisdicciones, que facilitan el intercambio de información, la asistencia judicial mutua y la recuperación de activos. La pertenencia de Arabia Saudí al G20 le ha brindado una plataforma para impulsar la cooperación anticorrupción, con compromisos en materia de transparencia de la titularidad real y la negativa a ofrecer refugio a los cargos corruptos y a los activos sustraídos. El Reino participa asimismo en la Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC y colabora con iniciativas regionales anticorrupción a través del Consejo de Cooperación del Golfo y la Red Árabe para la Lucha contra la Corrupción y el Fomento de la Integridad.
Implicaciones para las empresas
Las empresas nacionales y extranjeras que operan en Arabia Saudí deben mantener sólidos programas de cumplimiento que aborden los riesgos de corrupción. Ello incluye implantar códigos de conducta, realizar una diligencia debida sobre socios comerciales e intermediarios externos, formar a los empleados en la legislación contra el soborno y establecer mecanismos internos de denuncia. Las empresas que participan en la contratación pública afrontan exigencias de cumplimiento más estrictas. La aplicación extraterritorial de leyes anticorrupción extranjeras, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos y la Ley Antisoborno (Bribery Act) del Reino Unido, refuerza aún más la necesidad de contar con programas de cumplimiento integrales en el mercado saudí.